Un estudio de referencia para la política fiscal en energía solar

En el marco del periodo 2025–2026, la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat” ha situado la transición energética local como un reto prioritario. En este contexto, la Diputación de Barcelona ha impulsado un proceso de análisis para evaluar el impacto real de las bonificaciones fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en la promoción de las instalaciones fotovoltaicas.

Este proceso responde a la necesidad de disponer de evidencias sólidas sobre la efectividad, eficiencia y equidad de este instrumento fiscal. En una primera fase, se elaboró el estudio de evaluación de impacto, desarrollado por la consultora KSNet, que ha permitido analizar los resultados de la política aplicada por los municipios. Las conclusiones se presentaron el 12 de marzo en El Prat de Llobregat, en el marco de la Asamblea General de la Xarxa.

Principales resultados: una política efectiva con retos de equidad

Los resultados confirman que las bonificaciones del IBI han sido una herramienta efectiva para fomentar el autoconsumo fotovoltaico a escala local. En particular, se asocian a un incremento de hasta el 30% en la implantación de sistemas fotovoltaicos en viviendas y generan un elevado efecto palanca sobre la inversión privada (10 € de inversión privada por cada euro bonificado).

Sin embargo, el análisis también muestra que este impacto no depende tanto de la intensidad de la bonificación como de su diseño administrativo, poniendo de relieve la importancia de definir mecanismos simples y estables en el tiempo.

Desde el punto de vista financiero, la política se considera globalmente sostenible, aunque los municipios con menor capacidad recaudatoria pueden ser más vulnerables a la pérdida de ingresos. Además, se detecta un claro sesgo regresivo: aproximadamente el 80% de los expedientes bonificados corresponden a viviendas unifamiliares, lo que evidencia una concentración de los beneficios en hogares con mayor capacidad económica.

Estas limitaciones también se reflejan en la dificultad de encaje de las comunidades energéticas dentro del modelo actual. El IBI está pensado principalmente para beneficiar a personas propietarias, mientras que las comunidades energéticas responden a modelos colectivos con participantes diversos, incluidos inquilinos e inversiones compartidas, y con participaciones individuales a menudo reducidas. Esta complejidad hace que los criterios tradicionales de bonificación no se adapten bien, evidenciando la necesidad de evolucionar los instrumentos fiscales para reconocer mejor estos modelos distribuidos. En este contexto, la reforma introducida por el Real Decreto-ley 7/2026 abre nuevas posibilidades para que los ayuntamientos puedan diseñar bonificaciones específicas para comunidades energéticas.

De la evaluación al rediseño: hacia un modelo más eficiente y justo

A partir de estos resultados, se ha desarrollado una segunda fase centrada en la continuidad y el rediseño de las bonificaciones, con el objetivo de adaptar este instrumento a los retos de una transición energética más justa e inclusiva.

Este trabajo, elaborado por BATEC con la participación de Aiguasol, se basa tanto en el análisis técnico como en procesos participativos y entrevistas a diversos agentes del sector, aportando análisis y conocimiento técnico tanto en la fase de evaluación como en la definición de propuestas de mejora. Nuestra contribución se ha centrado en identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y la equidad del modelo, así como en el diseño de mecanismos que permitan ampliar el acceso al autoconsumo solar, especialmente en entornos urbanos y para colectivos con mayores dificultades.

Las propuestas resultantes se articulan en torno a tres grandes ejes:

• La homogeneización y simplificación del modelo, con criterios armonizados entre municipios, procedimientos administrativos más ágiles y una reducción de las cargas documentales. También se propone establecer marcos temporales claros y estables que aporten seguridad jurídica a la ciudadanía.
• La optimización económica de la bonificación, introduciendo límites para garantizar la sostenibilidad presupuestaria y priorizando esquemas más moderados en intensidad y temporalidad, con una duración orientativa de dos a tres años.
• La incorporación de criterios de equidad y selectividad, modulando la intensidad de las bonificaciones según diferentes criterios como el valor catastral o la tipología de vivienda, así como priorizar edificios plurifamiliares y proyectos de autoconsumo colectivo con una mayor intensidad de la bonificación. También se plantea limitar el acceso a la bonificación a viviendas que constituyan residencia habitual, para evitar la concentración de ayudas en segundas residencias.

Impulsar una fiscalidad energética más efectiva e inclusiva

El análisis pone de manifiesto que, a pesar de su eficacia, la bonificación del IBI presenta limitaciones para abordar retos como la vulnerabilidad energética o las barreras de inversión inicial.

Por ello, se propone complementar este instrumento con otras políticas, como subvenciones directas para hogares vulnerables, la creación de fondos climáticos municipales o el apoyo a comunidades energéticas locales. Estas pueden convertirse en una herramienta clave para garantizar una participación más inclusiva, incorporando mecanismos como cuotas reservadas o financiación pública parcial. Asimismo, se plantea reforzar la corresponsabilidad fiscal a escala supramunicipal para garantizar la sostenibilidad de los municipios con menos recursos.

El conjunto del trabajo evidencia que las bonificaciones del IBI son una herramienta útil para impulsar el autoconsumo fotovoltaico, pero también que es necesario evolucionar hacia modelos más sofisticados, capaces de integrar criterios sociales y territoriales.

Unas bonificaciones bien adaptadas pueden actuar como palanca para democratizar el acceso a la energía, impulsar el autoconsumo compartido y facilitar la participación de colectivos hasta ahora menos presentes en la transición energética.

En este sentido, se consolidan las bases para avanzar hacia una fiscalidad energética más inteligente, eficiente y justa, que contribuya a acelerar la descarbonización sin generar nuevas desigualdades. Desde Aiguasol, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de políticas públicas innovadoras que hagan posible una transición energética real, inclusiva y sostenible.